Poderes en guerra (Que parezca un accidente)

Poderes en guerra (Que parezca un accidente)

El 14 de febrero de 2014 se dio por iniciado formal y efectivamente un cambio de paradigma en el sistema acusatorio, en la Provincia de Santa Fe en cual ha sumado buenas y malas, con la creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Todo a partir de la Ley 13013 que ha recibido varias modificaciones. 

Pero no ha sido modificado una que entendemos es fundamental, la aprobación de los fiscales por clausula ficta, es decir, el Congreso Provincial puede no tratar la designación y quedan aprobados automáticamente. Con lo cual no evalúa a quienes ingresar, desde un punto de vista político, en cuanto a las ideologías jurídicas, van a realizar la administración de Justicia en nuestra Provincia. Esto podría ser una excepción, pero no la regla.

Hoy, más allá de su inmaculada concepción, el poder judicial es un órgano político, a tal punto que no existe un cargo más importante que el de ser juez. Un juez en Argentina, puede remover al mismo Presidente de la Nación. Excepto en Santa Fe, puesto que la Constitución provincial protege con sus fueros, inconstitucionales y mal interpretados, al poder legislativo. Constitución que en el último gobierno encabezado por Miguel Lifschitz, se intentó modificar pero la oposición se opuso férreamente. La misma oposición que hoy gobierna y la critica.

 

De los jugadores:

La Fiscal Dra. Gabriela Edit Lescano: Ingresa al MPA en Cañada de Gómez por aprobación de la Asamblea Legislativa el 9 de agosto de 2018, asumiendo en octubre del mismo año, en reemplazo de la Fiscal Natalia Benvenutto, quien a su vez, pasó a ser la Fiscal Coordinadora del entonces Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial Patricio Serjal Benincasa. Lescano provenía del viejo sistema con 27 años de antigüedad.

A los tres meses de tomar el cargo, convocada por Serjal, se le informa que debe realizar 12 juicios abreviados bajo su jurisdicción, a lo que se negó. Desde octubre 2018 al momento de su suspensión la Dra Lescano tiene un record de 36 condenas, dos absoluciones y 40 legajos con requerimiento de condenas esperando fijación de fecha para juicio y más de 60 presos. De los cuarenta legajos pendientes algunos ya han sido resueltos favorablemente a favor del pedido de la fiscal a pesar de su ausencia en las audiencias.

En julio de 2019 se reúne con el Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la Segunda Circunscripción del MPA, Dr. David Carizza, quien le encomienda por orden de Serjal, le informe sobre la existencia de juego clandestino en su jurisdicción. Un mes después es citada a la oficina del Fiscal Regional y en su lugar la atiende Benvenutto.

Paralelamente, la Fiscal Lescano entre el 13 de agosto y 15 de septiembre de 2019 recibió más de treinta denuncias en su contra. Quienes realizaron las denuncias fueron  la Coordinadora de Unidades Fiscales del Interior de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, Dra. Natalia Benvenutto, la Defensora Oficial Adjunta de Cañada de Gómez, Dra Marisol Dalla Fontana y los Dres. Luis Rossini, Angelo Rossini,  abogados defensores particulares, también de Cañada de Gúmez y varias causas en que Lescano era la Fiscal.

Esto la llevó al Tribunal de Disciplina de la Auditoría del MPA, donde se la condenó, por solo tres hechos, a un mes de suspensión sin goce de sueldo, medida sobre la cual se ha presentado Recurso Contencioso Administrativo, patrocinada por los Dres Hernan J. Martínez y Hernan Augusto Martínez. Dicho recurso, la Cámara lo derivó directamente a la Corte porque entiende que debe entender la instancia originaria sin tratarlo, por lo que se presentó un Recurso de Revocatoria. Parece que hay una brasa muy caliente que nadie quiere agarrar.

Cabe destacar que ante la andanada de denuncias, la Fiscal Lescano realizó una denuncia por acoso laboral y violencia de género que la misma Auditoria no trató para su aprobación o desestimación. Y la presentación tiene el apoyo y acompañamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), el Consejo Municipal de Rosario y más de setenta organizaciones no gubernamentales. Esto no es habitual dentro del poder judicial para jueces ni mucho menos para fiscales.

Dra. Natalia Benvenutto: Actualmente a cargo del MPA Distrito San Lorenzo, jefa entre otros fiscales de la Dra. Melisa Serena. Ambas en ejercicio de sus funciones han sido investigadas por distintos hechos.

En el caso de Benvenutto fue investigada por haber firmado un juicio abreviado con el padre de Leonardo Peiti y de esa forma evitar/omitir la investigación sobre nuevos delitos y avanzar sobre la “Causa del juego clandestino”. Y tuvo una investigación de la Auditoria del MPA por “la posible omisión de medidas investigativas”, que después se desestimó

La fiscal Melisa Serena imputada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución penal” potencialmente vinculadas al juego clandestino, puertos secos y el Senador Armando Traferri. No olvidamos su descriptivo audio a Ugolini: ¿Qué pretende el pelotudo de Sain, que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri?”

No es detalle no menor que se le secuestró su IPhone del que no dio su clave para acceder, lo cual ya de hecho es un entorpecimiento de una investigación. Y ya podría haber borrado todas las pruebas que en él hubiera para la causa. Tampoco podemos obviar que la misma fiscal estuvo de licencia psiquiátrica aproximadamente a sesenta días de asumir su cargo por un plazo de un casi año.

Dres. Luis Rossini, Angelo Rossini son abogados de Peiti y realizaron gran parte de denuncias contra Lescano, Además tienen una situación judicial a resolver por las denuncias del Senador Lisandro Enrico.

Conclusión:

Somos defensores del Ministerio Público de la Acusación como sistema aún con todas sus limitaciones que se deben resolver. Es bueno entender por qué a veces la justicia es discrecional y no funciona como debería. La administración de Justicia está viciada de condicionamientos que los comunes no llegamos entender.

Nuestra realidad marca simplemente que cuando necesitamos que se imparta justicia haya personas probas en la que podamos confiar, que nos den seguridad. No basta cuestionar con que las cosas no funcionan, hay también que entender por qué y mejorarlas.

San Lorenzo tiene dos fiscales, con distintas responsabilidades (Serena y Benvenutto) cuestionados judicialmente que aparentemente son intocables y nos preguntamos: ¿son las cuestiones políticas las que mandan? ¿Los sistemas de control son tan herméticos que están hechos para dejar que las cosas queden así? ¿Cuál es el costo de cambiarlas y cuál el que quede como está? si no se trabaja para mejorar ¿para qué se trabaja? ¿Alcanza solo con cambiar las leyes, incluida la Constitución? ¿Tenemos frente a nuestras narices una posible asociación ilícita y la dejamos prosperar?

Estamos seguros que hay mucha gente que trabaja concienzudamente para que la administración de Justicia sea real. Y estamos seguros que hay actores del poder judicial y político también lo saben. Y también que son responsables directos de esta gran crisis institucional que vivimos.

Debemos realizar como ciudadanos nuestra cuota parte porque esto no sucede solo: nuestra responsabilidad es también conocer, ir, elegir, optar, votar conscientemente, exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones.

No permitamos que parezca un accidente.