La prisión preventiva: un tema que escapa la grieta

La prisión preventiva: un tema que escapa la grieta

La discusión sobre el uso arbitrario de la prisión preventiva que el presidente electo ha venido denunciando desde el inicio mismo de la campaña ha sido finalmente receptada desde el Congreso, siendo impulsada hasta por nombres propios de Juntos por el Cambio.

El 6 de diciembre del año pasado se sanciono el nuevo Código Procesal Penal Federal que remplazó al Código Levene, vigente en nuestro país desde 1991. Por su parte se sancionó la ley 27.063 que crea una comisión bicameral de monitoreo e implementación, que además debe establecer un cronograma a fin de poner en práctica de forma progresiva el nuevo cuerpo normativo en todo el país.

Frente a la progresividad prevista para la entrada en vigencia del nuevo Código, el planteo de diversas personas fue que consideraban vulneradas sus garantías constitucionales, especialmente el derecho de igualdad ante la ley por no aplicársele las pautas de un código que está vigente pero que el cronograma de implementación todavía no alcanzo su jurisdicción. En junio de este año se dio inicio con las causas federales en la provincia de Salta y Jujuy lo que llevo a que se realicen numerosos planteos en otras jurisdicciones donde todavía no se encuentra vigente. Es preciso recordar que el art. 16 de la Constitución consagra el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros.

Asimismo, otro de los aspectos más cuestionados es el que concierne a la libertad del imputado durante el proceso penal ya que el nuevo Código Procesal regula de forma más específica la zona de conflicto latente entre el peligro de fuga y el principio de inocencia que se discute cuando se analiza la libertad del imputado.

La comisión bicameral entendió que es indispensable brindar criterios uniformes para tanto los tribunales como los justiciables, a fin de evitar situaciones de desigualdad. Para ello dispone resolver la implementación de tres artículos que modifican sustancialmente la forma de implementación de las medidas de coerción personal durante el proceso penal.

El principio es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. Sin embargo, hasta esta modificación no había una postura uniforme entre los juristas sobre la prisión preventiva y su implementación, lo que llevo a que se apliquen diversas doctrinas como “Diaz Bessone” o la reciente “doctrina Irurzun” que estableció nuevas pautas para funcionarios acusados de corrupción.

Con la nueva implementación se busca modificar la arbitraria discrecionalidad del juez, al sustituir con la aplicación de criterios concretos y uniformes la aplicación automática de fundamentos que los magistrados plasman en sus sentencias provenientes de doctrinas como de criterios de viejos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el 12/1996 que valida como un riesgo procesal la gravedad de la imputación, o los fallos de Suprema Corte (t.282, p. 188; t: 280, p.297) que dicen que “El derecho de la sociedad a defenderse contra el delito debe conjugarse con el individuo procesado”.

Ultima ratio, la prisión preventiva durante el proceso es la última opción y para ello el nuevo texto establece que los jueces deben adoptar medidas preliminares como la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o el arresto en su propio domicilio entre otras ocho más opciones y solo en el caso en que estas no sean suficientes se aplicara la prisión preventiva.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal no debe caer en la grieta de la política ni verse como una cuestión de oportunidad que garantiza la impunidad como se llegó a decir, no nos olvidemos que fue una reforma promovida por el gobierno saliente. Si bien lo relativo a la prisión preventiva puede beneficiar a ex funcionarios que están detenidos y que si la dirección de los fallos en Comodoro Py cambian drásticamente a muchos actuales funcionarios en el devenir de las futuras causas podrían beneficiarlos, lo único cierto es que se aplica a un universo de más de 8 mil justiciables que se encuentran detenidos sin condena firme en todo el país.

Por Lucas Prieto Schorr

Director de El Monitor de la Justicia

para ambito.com